LA CORTE DE MENDOZA DELIMITA LA FACULTAD DEL JUEZ LABORAL AL CALIFICAR LA ACCIÓN EN MATERIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

Por Carlos Alberto Livellara

I. Introducción.

La Sala II de la Corte de Mendoza, a través de los casos: “Liberty ART en J: Vera Carlos c/ Termas Villavicencio” y “Repsol YPF Gas S.A. en J: Zgaib, Jorge s/ Inc. Cas.” ha delimitado la facultad del juez laboral de calificar la acción en materia de riesgos del trabajo haciendo una adecuada aplicación del principio de congruencia.

Ocurre que luego que la Corte Suprema con “Aquino”1 al declarar la inconstitucionalidad del art. 39 LRT, habilitara la posibilidad de recurrir a la reparación integral del Código Civil se ha planteado a nivel judicial la controversia sobre el alcance de la facultad del juez laboral de calificar la acción (“iura novit curia”) en materia de riesgos laborales. Al respecto se pueden presentar fundamentalmente dos supuestos: a) si el actor optó por efectuar un reclamo estrasistémico contra la empresa y la ART y luego no se acreditan los extremos para la procedencia del reclamo por las normas civiles, pero si respecto a la LRT, puede el juez hacer lugar al reclamo por la vía sistémica (Ley 24.557), condenando a la ART y liberando de responsabilidad a la empresa? o, b) cuando se ha demandado la indemnización sistémica, dentro de los términos de la ley 24.557, si se acreditan los presupuestos de las normas del derecho civil, podrá el juez condenar al pago de una reparación integral?. Respecto al primer supuesto la Corte mendocina en el caso “Liberty ART en J: Vera Carlos c/ Termas Villavicencio” admitió su procedencia. En cambio, recientemente, en “Repsol YPF Gas S.A. en J: Zgaib...”, rechaza la posibilidad de la condena extrasistémica no planteada en la interposición de la demanda.

En los próximos párrafos hemos de referirnos al principio de congruencia, a la tipología de la incongruencia, a las facultades del juez laboral, y en base a ello, merituar el alcance de los fallos mencionados.

II. El principio de congruencia: concepto y fundamento. 2

En salvaguarda del debido proceso y de la garantía de la defensa en juicio (art. 18 C.N.), en materia procesal se ha ido desarrollado el principio de congruencia, que requiere una real correspondencia entre la sentencia y lo peticionado o planteado por las partes. Para Palacio y Alvarado Velloso el mencionado principio procesal "exige la estricta adecuación del pronunciamiento judicial a las cuestiones articuladas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado o en los escritos presentados por cualquiera de las partes con motivo de algún incidente suscitado durante el curso del proceso"3.

A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha remarcado la necesidad que "exista una plena conformidad entre lo pretendido y resistido por un lado, y lo sentenciado por el otro. Así, -se puntualiza- toda sentencia debe contener una rigurosa adecuación a los sujetos, objeto y causa que individualizan la pretensión y la oposición" (thema decidendum)4 y la Sala II de la Corte de Mendoza, también ha puesto de manifiesto que "la congruencia exige que la sentencia no se expida en más de lo requerido por las partes; que no contenga menos de lo pretendido por ellas, y también que no otorgue o niegue algo distinto de lo reclamado. Concretamente, debe necesariamente existir una correlatividad entre lo peticionado y lo resuelto en el fallo"5 y que “la congruencia descansa en todos los principios que informan el proceso y que configura una doble garantía: por un lado, establece las reglas a las que debe someterse el juez evitando su arbitrariedad y asegurando su imparcialidad y, por el otro, supone seguridad para los litigantes desde que éstos saben de qué defenderse”.6

Como queda dicho, este principio procesal, encuentra su fundamento o razón de ser, en la propia garantía constitucional de la defensa en juicio, según la cual nadie puede ser condenado o vencido en juicio sin ser oído previamente (art. 18 C.N.). Evidentemente, esta garantía se ve vulnerada cuando se condena a algo no pedido o se absuelve de pretensiones no invocadas7.

Por ello, se considera como una de las garantías del debido proceso al limite que tiene la judicatura de no introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de hecho, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa8.

III. El vicio de la incongruencia: su tipología.

Cuando el juzgador se aparta de las pretensiones deducidas en el litigio, y la sentencia no guarda la debida correspondencia con aquéllas, se incurre en el vicio de la incongruencia. Este vicio admite la siguiente tipología9:

a) sentencia extra petita: se incurre en una deficiencia cualitativa, cuando se concede algo distinto de lo peticionado por las partes o se introducen cuestiones no planteadas por aquéllas, y por ende, ajenas a la relación jurídico procesal. Tal pronunciamiento afecta gravemente la garantía de la defensa en juicio, y la propia Corte Suprema Nacional considera violatoria de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, a la sentencia que condena a algo distinto de lo pedido10;

En definitiva, se presenta el vicio de fallar "extra petita", si se incluyen en la condena rubros no peticionados por las partes, y por ende ajenos, a la relación jurídico procesal (si en una demanda se ha reclamado únicamente el preaviso y la indemnización por despido injustificado, no se podrán incluir el aguinaldo y las vacaciones proporcionales, por más que se pruebe que no fueron pagadas, porque la litis quedó trabada con el reclamo inicial, y admitir su procedencia afectaría gravemente el derecho de defensa de quien no pudo hacer valer sus argumentaciones y pruebas, al no haberse incluido tales conceptos en la demanda);

b)sentencia ultra petita: la falta de correspondencia es de índole cuantitativa, al otorgar más de lo requerido. En este caso, la cuestión ha sido incorporada al proceso por las partes, y el Tribunal resuelve por encima de lo solicitado, pero dentro de los conceptos y categorías introducidos por aquéllas; y,

c) sentencia citra petita: se presenta cuando el Juzgador incurre en una omisión de pronunciamiento, al dejar de resolver sobre algo pedido por las partes (pretensión u oposición), siempre que sean conducentes a la solución del pleito. Al respecto, se ha considerado que deben ser dejadas sin efecto las sentencias que omiten considerar las cuestiones oportunamente planteadas por las partes y conducentes para la decisión del litigio11. En sentido contrario, no mediará incongruencia por este defecto, si el Juez manifiesta que no analizará la cuestión por no corresponder y da los fundamentos de ello; o si se trata de cuestiones planteadas en forma subsidiaria que al prosperar o rechazarse el planteo principal, se consideran implícitamente resueltas; o cuando la pretensión no es objeto de pronunciamiento al haber prosperado una oposición que, por su naturaleza, debe resolverse con carácter previo(como la defensa de prescripción)12.

En materia procesal civil, es principio general que el juez en su sentencia no puede exceder de lo peticionado en la demanda, ni dar una suma mayor de la reclamada, sin incurrir en los vicios de incongruencia antes mencionados. En cambio, en el procedimiento laboral, se admite la posibilidad que el Tribunal, pueda fallar "ultra petita", aspecto que analizaremos en el apartado siguiente.

IV. La facultad del juez laboral de resolver ultra petita.13

A partir del antiguo aforismo "iura novit curia" (el juez conoce el derecho), los ordenamientos procesales reconocen la plena independencia de los magistrados tanto en la calificación de la acción como en la determinación del derecho aplicable, pudiendo incluso prescindir de las normas invocadas por las partes. Sin embargo, no obstante la facultad de "iura novit curia", el juez no puede modificar los presupuestos fácticos del litigio, ni alterar la relación procesal, pues la decisión de acordar derechos no pedidos ni debatidos en el pleito, vulneraría el principio de congruencia y afectaría en definitiva la garantía del debido proceso14.

Por excepción en materia procesal laboral, se admite que los jueces puedan resolver "ultra petita". Sobre el origen de esta excepción, Eduardo Stafforini señala que fue tomada del art. 371 del Código del Trabajo de Bolivia, e introducida en los ordenamientos procesales argentinos, con el propósito de autorizar al Juez, "en los casos en que por ignorancia, negligencia u olvido de los actores -normalmente empleados, obreros o causahabientes de éstos- para que, supliendo su "omisión", prescindiendo de sus respectivas peticiones, pueda reconocerles en la sentencia beneficios superiores a los solicitados, atento al carácter especial de las disposiciones legales pertinentes que, al afectar el interés general, revisten el carácter de interés público"15. En definitiva, al admitir el procedimiento laboral la facultad de fallar "ultra petita", ha introducido una adecuación de la normativa formal a los específicos principios que inspiran la legislación laboral, en especial al principio protectorio.

El Código Procesal Laboral de Mendoza, sigue la misma orientación que venimos reseñando, y en el art. 77, luego de establecer que le corresponde al Tribunal verificar la relación substancial de la litis y determinar las normas que la rigen, admitiendo que puede prescindir o estar en contra de la opinión jurídica expresada por las partes, le reconoce expresamente la facultad "para resolver ultra petita"16. Sobre esta norma, es pacífica y reiterada la jurisprudencia de la Corte de Mendoza, según la cual en dicha norma campea el conocido principio "iura curia novit" y a este respecto el Tribunal de la instancia ordinaria puede rectificar la calificación que el actor haga de la acción y aún más, como el juez actúa con independencia de las partes, puede aplicar una norma que no se hubiera invocado (LS 119-428, 175-447), ello es así porque “en el proceso laboral impera el principio de la verdad real por sobre la verdad formal, la determinación exacta y precisa de los sujetos obligados, la existencia fehaciente y comprobada de la relación laboral y con ello la legitimación activa del titular de la acción y de la legitimación pasiva del demandado, es decir la posibilidad de ser considerado el responsable de las obligaciones reclamadas”17. Por lo tanto, el juez laboral tiene plenas facultades para proceder a la calificación de la relación jurídica sustancial, siendo de aplicación el art. 108 CPL de Mendoza, que remite al art. 46 inc. 9 del Código Procesal Civil también mendocino.

De acuerdo con los conceptos desarrollados, lo que al juez le está vedado es resolver "extra petita", que es cuando el juzgador por sí mismo escapa de las concretas pretensiones de las partes introduciendo elementos y decisiones extrañas a aquellas que por su jurisdicción tenía la obligación de expedirse. Sin embargo, no debe confundirse este vicio con la facultad discrecional y legítima que posee el juez laboral de desentrañar la verdad real, dentro de los elementos de prueba arrimados al proceso y de la concretas pretensiones de la parte18.

De lo expuesto podemos concluir que el principio de congruencia, es plenamente aplicable al procedimiento laboral. La circunstancia que la normativa específica autorice al tribunal a resolver "ultra petita", no implica que se pueda apartar de la traba de la litis. En otros términos, podrá fallar "ultra petita", esto es más allá de lo pedido pero siempre que se trate del mismo rubro o concepto reclamado (si se reclaman diferencias salariales, y éstas resultan mayores que las solicitadas; si se demanda indemnización sustitutiva de preaviso por una antigüedad de menos de cinco años, y luego se prueba que es mayor, corresponderá la condena por el importe de dos meses; en un reclamo por accidentes o enfermedades profesionales, si la incapacidad que surge de las pericias es superior a la requerida en la demanda, etc.)19.

V. Los fallos comentados.

Conforme lo hemos anticipado, la Sala Laboral de la Corte mendocina, en los casos: “Liberty ART en J: Vera Carlos c/ Termas Villavicencio” y “Repsol YPF Gas S.A. en J: Zgaib” ha delimitado las facultades de los Tribunales laborales, en materia a la calificación de la acción frente a reclamos por daños derivados de infortunios laborales.

En “Liberty” el actor formuló reclamo contra la empresa y contra la ART en concepto de indemnización por daños derivados del trabajo. Plantea la inconstitucionalidad de diversas normas de la LRT, entre ellas del art. 39 y formula reclamo por la indemnización integral amparándose en las disposiciones de los arts. 1109 y 1113 del C.C. La Cámara al resolver llega a la conclusión condenatoria sistémica contra la A.R.T. luego de merituar los hechos particulares de la causa, las tareas o funciones particulares del incapacitado que trajeron aparejada consecuencias dañosas para la salud (hipoacusia y patología de columna y rodilla) conforme la prueba aportada, especialmente la pericial médica, resolviendo en definitiva responsabilizar a la aseguradora en el marco de la tarifación legal prevista en la ley 24.557, y eximir de responsabilidad a la empresa.

La Corte provincial ratifica este pronunciamiento en base, fundamentalmente, a tres argumentos: a) que una de las afecciones (hipoacusia) se encuentra prevista dentro del listado de las incapacidades indemnizables y con relación a las otras vinculadas causalmente al trabajo, se declaró la inconstitucionalidad del art. 6 ap. 2 de la ley especial, siguiendo en ello el criterio marcado por la Sala in re: “72.153 “Borecki E. en J: 29.273", registrado en L.S. 313-57 y que estos aspectos esenciales del pronunciamiento no recibieron una crítica puntual y argumentalmente autoabastecida que posibilite la invalidación del fallo.

b) que con relación al vicio de la incongruencia que la censurante le atribuye al fallo por decidir en forma “extra petita”, la Corte tiene dicho que resulta inviable la revisión de la sentencia si se pretende introducir una discusión sobre la naturaleza jurídica de la acción, toda vez que las restricciones a la actividad del juez se refieren al conocimiento de los hechos, en relación a los cuales debe limitarse a lo que han alegado las partes, pero no a la elección del derecho objetivo, pues el juez como órgano del Estado tiene el deber de conocer la ley y aplicarla en la materia sobre la cual es llamado a juzgar (L.S. 50-337), y,

c) que en el caso particular la acción intentada tuvo como objeto el resarcimiento de la minusvalía del operario por causa del trabajo a las órdenes de su empleadora. Tal causa petendi en función de la plataforma fáctica esgrimida, no ha sido modificada por el tribunal de mérito, quien al sentenciar ha calificado la relación sustancial de la litis determinando las normas que la rigen (ley 24.557) estando facultado por las prescripciones del art. 77 del C.P.L. en virtud del cual puede prescindir o estar en contra de la posición jurídica sustentada por las partes al aplicar el derecho.

En cambio en “Repsol YPF Gas S.A.” la parte actora interpuso su reclamo en los términos de la LRT reclamando la reparación sistémica prevista en la misma; no obstante lo cual el Tribunal, en mayoría, funda la sentencia en la disposición del art. 1113 del C.C., para lo cual declara de oficio la in-constitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. La Cámara también declara la inconstitucionalidad del art. 39 de la L.C.T., respecto de la aseguradora en razón del perjuicio económico que le causa al actor el monto exiguo de la indemnización establecida por la LRT en comparación con la que le corresponde por aplicación de las disposiciones del C. Civil. que posibilita la reparación integral. Y se pronuncia por su inaplicabilidad respecto del demandado, que no cumplió con las prestaciones, asimilando su situación a la falta de afiliación o no seguro. Igualmente admite la inconstitucionalidad del art. 15 de la LRT, por cuanto afirma que la percepción de la indemnización en renta periódica conculca el derecho de propiedad del actor, impidiéndolo satisfacer dignamente sus necesidades básicas, violando así el art. 14 y 16 de la C.N.

Con fundamento en los argumentos señalados condena a la empleadora y al aseguradora de riesgos de trabajo a abonar la liquidación que practica el Tribunal, en forma conjunta o insolidum.

La Corte en su resolución considera que no queda duda que la pretensión esgrimida en el caso, en cuanto a su objeto sustancial cualitativo y cuantitativo, se centró exclusivamente al pago de la reparación establecida en la LRT, en los términos y con los alcances de la misma. Señala que así quedó trabada la litis, y el juez no puede apartarse de los términos en que ha quedado planteada la relación substancial procesal. Ello por cuanto con la contestación de la demanda se integra la relación procesal sustancial, lo que produce dos efectos fundamentales: quedan fijados los sujetos de la relación y las cuestiones sometidas al pronunciamiento del juez, sin que desde este momento ni las partes ni el juez puedan modificarla (J.A. 1953-I-38; L.L. T. 76-713; Alsina, Hugo “Derecho Procesal” T. IV, pg. 92 y sgtes.) y agrega que la facultad de resolver “ultra petita” se limita, sólo a los excesos cuantitativos de las pretensiones deducidas, quedando claramente diferenciada de la resolución “extra petita” que no se encuentra alcanzada por el art. 77 del C.P.L.. Y la facultad del juzgador de actuar con independencia de las partes tanto en la calificación de la acción, como respecto al derecho aplicable (iuria novit curia) se encuentra limitada por el derecho de defensa de las partes y el principio del debido proceso. Luego concluye: “Sobre la base de la transcripción realizada de los precedentes de este Tribunal, resulta evidente que el a quo no ha respetado el principio de congruencia, por cuanto no existe la necesaria identidad entre la pretensión esgrimida por el actor y resistida por las partes demandadas, y el objeto resuelto por el Tribunal. El actor reclama el pago de una suma determinada en concepto de indemnización por la minusvalía que denuncia padecer como consecuencia del accidente in itinere que dice haber sufrido, en los términos de la ley 24557; y el Tribunal condena a pagar una suma sensiblemente superior a la de-mandada en concepto de indemnización de los daños sufridos por el actor con fundamento en el C.C., en el que se incluye el daño moral, no reclamado y la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT no peticionada”. Como consecuencia de ello, la Corte dispuso la nulidad de la sentencia y ordenó remitir la causa al subrogante legal para un nuevo pronunciamiento.

Comparando ambas resoluciones, algunos podrán considerar que son contradictorias o que se ha evaluado con distinto criterio la facultad del Juez laboral de calificar la acción.

Sin embargo, consideramos que ambos pronunciamientos son compatibles y se complementan en la delimitación de tal facultad del tribunal de mérito.

Así, en “Liberty”, la acción tuvo como objeto un resarcimiento por el daño sufrido por causa del trabajo en la empresa y el Tribunal al resolver respeta la plataforma fáctica y lo único que hace es al calificar la relación sustancial de la litis, haciendo uso de las facultades del art. 77 del CPL declara la aplicación de las normas de la ley 24.557.

En cambio, en “Repsol YPF Gas S.A.” el Tribunal se aparta de los términos que ha quedado planteada la relación substancial procesal al declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y sentenciar aplicando las normas del derecho común, todo ello en violación al principio de congruencia y a las expresas facultades otorgadas por las normas del procedimiento laboral aplicable.

Por todo ello, consideramos que ambos fallos en lugar de ser contradictorios se complementan y delimitan las facultades de los tribunales laborales a la hora de calificar la acción por reclamos derivados de los riesgos del trabajo.

 

N O T A S

1- Con fecha 21 de Septiembre de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el art. 39 ap. 1º de la ley 24.557, en autos “Aquino, Isacio c/ Cargo servicios Industriales SA s/ accidente ley 9688”. Ver este fallo en: Suplemento Especial del Diario La Ley, del 27/09/04 con los siguientes comentarios: Pizarro, Ramón Daniel, La Corte consolida la jerarquía constitucional del derecho a la reparación (primeras reflexiones en torno a un fallo trascendente y a sus posibles proyecciones futuras), pág. 5; Vázquez Ferreyra, Algunas ideas sobre el fallo “Aquino”, pág. 11; Capón Filas, Rodolfo, Ciudadanos en la ciudad, ciudadanos en la empresa, pág. 17; López Mesa, Marcelo, Una declaración de inconstitucionalidad largamente esperada, pág. 21; Castillo, Carlos V., Un acertado paso formal que abre un futuro incierto...¿regirá efectivamente el Código Civil en los reclamos por accidentes de trabajo?, pág.  29; Schick, Horacio, La Corte declaró inconstitucionalidad una norma discriminatoria contra los trabajadores, pág. 33; en Revista de Derecho Laboral, Número extraordinario, Fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los siguientes cometarios: Vázquez Vialard, Antonio, La CSJN, en la causa “Aquino”, en lo substancial, más allá del uso de ciertas expresiones abstractas, no ha modificado la doctrina del caso “Gorosito”, pág. 111; Alvarez, Eduardo, El fallo “Aquino”: El esperado retorno de la seriedad científica a la Argentina, pág. 155; y en Jurisprudencia Argentina Número Especial, El Derecho Laboral en la nueva integración de la Corte, con los siguientes comentarios: Livellara, Carlos A., Primeras reflexiones sobre “Aquino” y el futuro del sistema de la ley 24.557, pág. 4; Recalde, Héctor P. y Recalde, Mariano, Los cambios en el sistema de riesgos del trabajo, pág. 16; Mark, Mariano H., Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte en materia de Derecho del Trabajo, pág. 24; Suárez Gallo, Cecilia y García Vior, Andrea, La Corte Suprema de Justicia y el principio de progresividad, pág. 30).
2- Ver n. nota a fallo: “El principio de congruencia y la facultad del Juez laboral de fallar ultra petita”, comentando los fallos de la Sala laboral de SCJMza., en los casos: “Coop. Eléctrica de Godoy Cruz” (02/05/1994) y “Triunfo Coop. de Seguros Ltda.” (09/06/1994) en Rev. del Foro Nº 16/1995, pág. 79.
3- Palacio, Lino Enrique, y Alvarado Velloso, Adolfo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T° 2do., p. 114
4- CS, 6.9.77,"Suárez c.Urquiza";30.8.84,"Bromaq c. Robles".
5- SCJMZA, Sala II, 29-9-93, "Sottile, Pedro en J: Sottile c/ Cañomat SA p/ Inconst."                                         
6- SCJMza., Sala I, 16/03/95 “Petroquímica Cuyo SAIC en J: Appendino Osvaldo c/ Petroquímica Cuyo SAIC.
7- Conf. Babio, Alejandro Oscar, Derecho Procesal del Trabajo, Némesis, l993, p. 348.
8-Conf. Brito Peret, José I. y Comadira, Guillermo L.,  Procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires, Ley 77l8 comentada, anotada y concordada, Astrea, l984, p. 235. Para la Sala II de la SCJMza, el principio de congruencia "acota las facultades del iudex, al obligarlo a que no decida en más de lo debatido, o deje de fallar en la materia objeto del litigio. Su valoración es reputada arbitraria por la C.S.J.N., ya que lesiona las reglas del debido proceso y en tal supuesto el pronunciamiento no es derivación razonada del derecho vigente, ni de lo alegado, ni probado. Tal descalificación es lógica y axiológicamente comprensible habida cuenta que fomenta la inseguridad jurídica y comporta una situación de privación de justicia", "Sottile, Pedro en J. Sottile c. Cañomat SA p/ Inconst", 2-9-93
9- La SCJMza., Sala II, 09/09/1999, “Berondo Ana B. en J: Berondo A.B. c/ Unión Vecinal Bº Picione” ha dicho que “el principio de congruencia exige una correlatividad entre lo pretendido en autos y lo resuelto en sentencia y las formas de violar tal principio son sustancialmente tres: la sentencia “ultra petitum”, que otorga a una parte más de los exigido por ella; la sentencia “citra petitum”, que no se pronuncia sobre las pretensiones que debe dirimir el fallo, y la sentencia “extra petitum”, que decide aspectos no sometidos por las partes a resolución judicial”.
10- CS 06.08.81, "Giúdice de Lozada"; 20.09.84, ED, 111- 631. Conforme lo señalan Brito Peret y Comadira, Procedimiento laboral..., ob. cit. pág. 434 se quebranta el principio de congruencia cuando el fallo introduce hechos, defensas o articulaciones que no fueron planteadas.
11- CS, 22.04.82, "López"; 02.06.83, ED,l05-376; 03.11.83, ED, 107-187; 07.12.83, "Cafés"; 11.09.84, JA, 195-I-56.
12- Conf. Palacio, Lino E. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal..., ob. cit. p. 125
13- Ver Pasco Cosmópolis, Mario, Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo, Ed. Aele, Lima, 1997, pág. 55 reseña la doctrina de diversos autores sobre el tema.
14- CS, 24.12.85, LL 1.986-A-404
15-Stafforini, Eduardo, Derecho Procesal del Trabajo, Ed. La Ley, l946, p. 454
16- Ver comentario a esta norma de Sánchez, Ramón y Pallares, Julio, en  Código Procesal Laboral comentado, Livellara- Porras (dir.), t. II, p. l45 
17- SCJMza., LS 287-99.
18- SCJMza, Sala II, 28/06/05, Nº 75.713, caratulada: Cura Ubeda Ximena A. en J: 29.148 “Acuña JC: c/ Jorge Salvador Abate y Ximena A. Cura Ubeda p/ Ord. s/ Inc..
19- Conf. Livellara, Carlos A., El principio de congruencia..., ob. cit. pág. 79.